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Epmmop: Gobierno cuestiona contratos por $64 millones en Quito


El Gobierno puso bajo sospecha contratos por cerca de 64 millones de dólares de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas ( Epmmop ) de Quito. El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, presentó los datos en un video publicado...

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El Gobierno puso bajo sospecha contratos por cerca de 64 millones de dólares de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) de Quito. El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, presentó los datos en un video publicado el jueves 22 de octubre de 2026, junto a la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), Nataly Avilés, y la secretaria de Integridad Pública, Doménica Bajaña, informó El Universo.

Lo que cuestiona el Gobierno en la Epmmop

Según el Sercop, entre marzo y septiembre de 2026 se detectó un patrón de «concentración contractual»: empresas, consorcios y personas naturales que conducen a un mismo proveedor. En 2024, ese proveedor habría obtenido ocho contratos por 17,4 millones de dólares, con obras todavía pendientes de entrega, según El Comercio. Los medios no han publicado el nombre del proveedor.

«Los recursos públicos pertenecen a los ciudadanos, no a quienes ocupan temporalmente el poder. Ningún cargo está por encima de la ley», dijo Neira, quien preguntó al alcalde Pabel Muñoz qué controles aplicó. Aclaró, sin embargo, que formar consorcios no es un delito en sí mismo. «Cada proceso debe analizarse y las autoridades competentes deben determinar si se cumplieron las normas aplicables», agregó Avilés.

Denuncias y allanamiento

El 21 de octubre, el concejal Michael Aulestia presentó dos denuncias ante la Fiscalía por peculado y lavado de activos. Ese mismo día, la Fiscalía allanó el Municipio, la gerencia de la Epmmop y un consorcio en Rumiñahui, por dos contratos de 2024 que suman más de cuatro millones de dólares, según El Universo.

La respuesta del Municipio

«Lo único que van a encontrar en el Municipio es trabajo», respondió el Municipio de Quito en un comunicado tras el allanamiento. «Si algún funcionario actuó al margen de la ley, el Municipio será el primero en exigir que responda ante la justicia», señaló, y recordó que «un allanamiento no es una sentencia». También aseguró que los contratos se adjudicaron mediante procesos abiertos en el sistema oficial de contratación pública, según Extra. Más noticias en Política.

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