La Fiscalía General del Estado pidió prisión preventiva para Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, en la audiencia de formulación de cargos del caso Laberinto, en el que se le procesa por presunto lavado de activos. El juez Harry Navarrete suspendió la diligencia en la mañana del viernes 23 de octubre de 2026 y debe resolver las medidas, informó Primicias.
Qué investiga el caso Laberinto
Según la Fiscalía, el caso indaga «irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023». La entidad sostiene que entre mayo y agosto de 2023 se canalizaron unos 500.000 dólares para publicidad electoral a través de «un entramado de personas jurídicas». «La investigación busca esclarecer el origen de los recursos destinados a financiar publicidad electoral», señaló en X, según El Comercio. El caso se originó en una denuncia del Tribunal Contencioso Electoral.
La detención y la audiencia
González fue detenida en la madrugada del jueves 22 de octubre en su vivienda de Canuto, en el cantón Chone (Manabí), y trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil. La audiencia se instaló cerca de la medianoche, por vía telemática. Además de González, fueron procesados Santiago Díaz Asque, exjefe de campaña; Wendy Onofre Gaibor, secretaria del movimiento RETO, y Estefanía Molina Freire, responsable económica de la campaña. Para Díaz y Onofre la Fiscalía también pidió prisión preventiva, y para Molina aceptó medidas sustitutivas, según El Universo.
La defensa de Luisa González
«Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda», escribió González en X, y calificó su detención como «persecución política». En la audiencia defendió sus arraigos en el país: dijo que trabaja en Chone, que su hijo estudia en Quito y que siempre regresó al Ecuador. «Me defenderé siempre en derecho y en presencia», afirmó, según Confirmado.
Las reacciones
La Revolución Ciudadana calificó la detención de «arbitraria e inconstitucional». Desde el oficialismo, el vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, respondió: «No se puede decir que cualquier investigación que se da y que coincide con el periodo electoral es por persecución». Human Rights Watch dijo que monitorea el caso «con preocupación». Más noticias en Política.
