Perú impulsa la creación de la Red Eurolatinoamericana de Extinción de Dominio, una iniciativa de cooperación judicial que busca fortalecer la recuperación de bienes relacionados con el crimen organizado y la corrupción.
La propuesta fue presentada por Manuel Luján Túpez, coordinador del Subsistema en Extinción de Dominio del Poder Judicial peruano. El proyecto cuenta con el respaldo de EL PAcCTO 2.0, programa de cooperación de la Unión Europea para América Latina y el Caribe.
La iniciativa busca establecer mecanismos permanentes para facilitar el intercambio de información, experiencias y criterios judiciales entre países que enfrentan investigaciones relacionadas con bienes de origen ilícito.
Ecuador y otros países participan en la propuesta
Durante una reunión preparatoria participaron representantes judiciales de Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Italia, México y Guatemala, entre otros países.
La propuesta responde a la necesidad de mejorar la coordinación cuando las organizaciones criminales utilizan diferentes países para mover, ocultar o administrar sus recursos.
Luján Túpez señaló que la cooperación entre jueces debe desarrollarse respetando la independencia judicial y las legislaciones de cada Estado. La red no reemplazaría las competencias de los tribunales nacionales, sino que funcionaría como un espacio especializado de coordinación.
Perú reporta más de $224 millones en bienes extinguidos
Según el Poder Judicial peruano, entre 2019 y mayo de 2026 se han extinguido bienes vinculados con actividades criminales por un valor superior a $224 millones.
Durante los primeros meses de 2026, el monto reportado supera los $17 millones, como parte de los procesos desarrollados por el sistema especializado peruano.
La experiencia acumulada desde la implementación del sistema de extinción de dominio constituye uno de los principales elementos que Perú busca compartir con otros países mediante la nueva red.
Así funcionaría la Red Eurolatinoamericana
El proyecto contempla una estructura permanente integrada por un Consejo Superior, una Secretaría Permanente, una Secretaría Pro Tempore y coordinadores nacionales.
Entre sus objetivos estaría fortalecer la cooperación judicial en procesos de extinción de dominio y recuperación de activos, especialmente en investigaciones que involucren bienes ubicados fuera del país donde se inició un proceso.
La propuesta de estatuto deberá ser evaluada por los países participantes. Está previsto que el documento pueda ser suscrito en diciembre de 2026.
