Ecuador deberá pagar $215 millones a la petrolera estadounidense Chevron Corporation, luego de que el Tribunal Arbitral Internacional corrigiera el laudo de cuantificación de daños emitido el 17 de noviembre de 2025. La información fue confirmada por la Procuraduría General del Estado (PGE) este 12 de febrero de 2026, tras un pedido formal de corrección presentado por la defensa del Estado ecuatoriano.
Inicialmente, la condena económica ascendía a $220,8 millones, pero luego de que el tribunal acogiera favorablemente la solicitud —por mayoría— el 5 de febrero de 2026, el monto fue recalculado. Con la corrección aplicada, la indemnización total, que incluye capital e intereses prelaudo, quedó fijada en $215′073.244,43, lo que representa una reducción de $5′733.697,51 frente a la cifra originalmente establecida.
El proceso arbitral fue iniciado por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company bajo el caso PCA 2009-23, y se desarrolla en varias fases. Según la Procuraduría, la corrección se produjo dentro de la fase III, correspondiente exclusivamente a la cuantificación de daños, una etapa clave en la definición del impacto económico final para el Estado ecuatoriano.
Desde la PGE se destacó que la reducción del monto evidencia una actuación técnica activa por parte de la defensa del país, orientada a proteger los intereses del Estado y de la ciudadanía. Aunque el ajuste no elimina la obligación de pago, sí representa un alivio parcial frente a la condena inicialmente calculada por el tribunal arbitral.
De forma paralela, la Procuraduría General del Estado informó que Ecuador ya se prepara para la fase IV del arbitraje, relacionada con la determinación de costas procesales. En esta etapa se definirá la distribución de los costos del proceso, incluidos honorarios legales y gastos administrativos, un aspecto que podría generar nuevas obligaciones económicas para el país.
El caso Chevron es considerado uno de los arbitrajes internacionales más relevantes que ha enfrentado Ecuador, tanto por su duración como por su impacto financiero. La corrección del laudo reafirma la vigencia de la condena, al tiempo que mantiene abierto el debate sobre los efectos de este tipo de litigios en las finanzas públicas y en la política jurídica del Estado ecuatoriano.
