La Policía Nacional del Ecuador ejecutó un operativo de alto impacto en la provincia de Manabí, que permitió la captura de Francisco L. M., ciudadano de 53 años que figuraba entre los más buscados del país por el delito de abuso sexual. La intervención se desarrolló en el cantón Montecristi mediante el Operativo Fénix 218, como parte de acciones estratégicas para la localización de prófugos de la justicia.
El detenido permanecía en condición de evasión desde 2021, tras ser acusado de un grave delito cometido en el entorno familiar, lo que elevó la complejidad del caso y su prioridad dentro del sistema de búsqueda nacional.
Operativo Fénix 218 y estrategia policial en Manabí
El procedimiento fue ejecutado bajo la Estrategia Operacional 3D, enfocada en debilitar, desorganizar y desarticular estructuras delictivas y objetivos prioritarios. Gracias a labores de inteligencia y seguimiento, los agentes lograron ubicar al sospechoso tras varios años de búsqueda.
Las unidades especializadas realizaron tareas de vigilancia, análisis de movimientos y verificación de información en territorio, lo que permitió confirmar la ubicación exacta del individuo. Posteriormente, se ejecutó la intervención sin incidentes, garantizando el control total del operativo.
Delito de abuso sexual y antecedentes del caso
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en la provincia de Manabí en 2021, cuando el ahora detenido habría aprovechado un entorno de convivencia familiar y la vulnerabilidad de la víctima, su hijastra, para cometer el delito de abuso sexual.
La gravedad del caso motivó su inclusión en el listado nacional de los más buscados del Ecuador, debido al alto impacto social y la necesidad de su localización inmediata. Las autoridades consideraban al sujeto como una persona de riesgo por la naturaleza del delito imputado.
Captura y proceso legal en curso
Tras su aprehensión en Montecristi, el ciudadano fue trasladado a órdenes de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente. El caso se mantiene en investigación bajo el marco legal vigente, garantizando el debido proceso y la actuación de las instancias judiciales del país.
