El ministro del Interior, John Reimberg, ha encendido una fuerte alarma sobre la actuación de la Función Judicial en el país, especialmente en la provincia de El Oro, al denunciar públicamente la liberación de presuntos delincuentes por parte de jueces y fiscales. Según Reimberg, estas decisiones se han tomado con pretextos injustificables, como la simple presentación de una planilla de servicios básicos, ignorando antecedentes penales, informes balísticos y pruebas clave que vinculan a los detenidos con organizaciones delictivas.
La “puerta giratoria” judicial: un sistema que favorece al crimen organizado
Durante una intervención pública, el ministro calificó de “pretextos inaceptables” las razones esgrimidas por ciertos jueces para dejar en libertad a individuos capturados con armas de fuego ilegales y con vínculos comprobados con bandas criminales como Los Lobos. “Estas personas no pueden tener armas, son solo excusas para liberarlos. Los jueces están actuando en contra de los machaleños”, manifestó Reimberg, visiblemente molesto ante la impunidad judicial.
Uno de los casos más alarmantes ocurrió tras el operativo Gran Fénix 32 en Machala, donde cinco detenidos con antecedentes y relación directa con bandas organizadas fueron liberados en cuestión de horas, sin que se consideraran pruebas contundentes presentadas por la Policía Nacional.
El impacto de las decisiones judiciales en la seguridad ciudadana
Esta dinámica de liberación inmediata de presuntos delincuentes ha provocado una ola de inseguridad en varias ciudades del país. Según datos oficiales, de las 100.000 personas detenidas en el contexto del conflicto armado interno declarado en 2024, solo el 5% permanece actualmente en prisión.
Este dato refleja una crisis profunda en el sistema judicial ecuatoriano, donde los procesos de detención y judicialización no están siendo acompañados por una actuación responsable y rigurosa de fiscales y jueces.
Reimberg propone declarar en emergencia al sistema judicial
Para combatir esta grave situación, el ministro ha respaldado con firmeza la Ley de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio de 2025, que contempla declarar en estado de emergencia al sistema judicial, permitiendo la evaluación inmediata de jueces, fiscales y funcionarios judiciales.
“Estamos trabajando para que jueces y fiscales sean investigados, para saber cuáles y por qué tienen tantos ingresos”, señaló Reimberg, insinuando la posibilidad de vínculos con redes del crimen organizado que estarían infiltradas en los tribunales y fiscalías.
Casos emblemáticos que exponen el deterioro institucional
Además del caso en Machala, se han documentado otros episodios que ilustran la misma problemática. En Guayaquil, presuntos secuestradores fueron liberados a pesar de pruebas contundentes. En Esmeraldas, detenidos con explosivos y armas largas fueron puestos en libertad por errores de forma en los partes policiales.
Estos patrones muestran que no se trata de hechos aislados, sino de una práctica sistemática que está debilitando la confianza ciudadana en la justicia.
La Asamblea Nacional entra en acción: investigaciones en curso
La presión pública y política ha empujado a la Asamblea Nacional a abrir investigaciones formales sobre casos de liberaciones injustificadas, convocando a comparecer a autoridades del Consejo de la Judicatura y a representantes de la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, estas instituciones han respondido con cautela, pidiendo “responsabilidad” en las declaraciones del ministro Reimberg, aunque no han negado la existencia de irregularidades dentro del sistema.
¿Existe una red de corrupción dentro del sistema judicial?
El propio ministro no ha dudado en señalar que existe la posibilidad de que algunos funcionarios judiciales estén siendo cooptados por el narcotráfico y el crimen organizado. Esta infiltración institucional podría estar permitiendo que estructuras criminales operen con total libertad y protección legal.
En palabras de Reimberg: “Debemos saber cuáles son los jueces y fiscales que se benefician de estas decisiones, por qué liberan a delincuentes armados, y quién los protege”.
Reforma judicial como medida urgente de seguridad nacional
Ante este panorama, el gobierno nacional ha situado la reforma del sistema judicial como una prioridad estratégica en la lucha contra la delincuencia organizada. Se ha planteado la creación de unidades de control y auditoría independientes, así como mecanismos de transparencia digital para rastrear decisiones judiciales sensibles.
Asimismo, se analiza la posibilidad de implementar juicios express en casos de flagrancia, evitando así que los procesos se dilaten y que los detenidos salgan libres por tecnicismos.
Apoyo ciudadano a las declaraciones de Reimberg
Diversas organizaciones de la sociedad civil, gremios de abogados independientes y asociaciones de víctimas han manifestado su respaldo al ministro Reimberg, considerando sus declaraciones como un llamado necesario ante un sistema colapsado. La ciudadanía exige una depuración profunda que elimine a jueces y fiscales corruptos.
MINISTRO DURO CON JUECES Y FISCALES CORRUPTOS
— Ecuador Comunicación 🛜 Siempre Más Noticias (@ecuadorprensaec) July 30, 2025
Reimberg: Jueces liberan delincuentes por planillas de luz en El Oro. Exige depurar la justicia e investigar ingresos de fiscales. #Ecuador #Seguridad https://t.co/VRsdKQKkxg pic.twitter.com/wkqHYoMXMa
