El Consejo de Administración Legislativa (CAL) analizará este viernes el proyecto de Ley Antimafias impulsado por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, una propuesta que busca fortalecer las herramientas legales del Estado para enfrentar al crimen organizado en Ecuador.
La iniciativa contempla 14 reformas legales, de las cuales once corresponden al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una a la Ley de Extinción de Dominio y dos al Código Orgánico de la Función Judicial. El objetivo es cerrar vacíos legales que permiten a las organizaciones criminales operar, reclutar integrantes, movilizar recursos ilícitos y conservar bienes obtenidos mediante actividades delictivas.
Según el proyecto, las estructuras criminales no están conformadas únicamente por sus líderes, sino también por financistas, reclutadores, transportistas, facilitadores de inmuebles y personas vinculadas al lavado de activos. Por ello, la propuesta busca ampliar el alcance de las acciones judiciales contra todos los actores que participan en estas redes.
Desde la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) existe respaldo para que la iniciativa avance rápidamente en la Asamblea Nacional y sea aprobada tras los dos debates correspondientes.
Sin embargo, la propuesta ha generado cuestionamientos por parte de la oposición. El asambleísta Luis Fernando Molina, de Revolución Ciudadana (RC), considera que varios puntos del proyecto son similares a contenidos incluidos en iniciativas anteriores que fueron observadas o declaradas inconstitucionales.
Molina sostiene que el incremento de penas no resolverá por sí solo los problemas de inseguridad que enfrenta el país. A su criterio, la lucha contra el crimen organizado requiere políticas públicas integrales, fortalecimiento institucional y una justicia independiente capaz de procesar eficazmente a los responsables de delitos.
Otro de los aspectos que ha generado debate es la posibilidad de establecer restricciones para abogados vinculados mediante sentencia a estructuras criminales. La oposición advierte que cualquier medida en esta materia debe respetar plenamente el derecho a la defensa y las garantías constitucionales.
La calificación del proyecto por parte del CAL marcará el inicio formal de su trámite legislativo y abrirá una discusión nacional sobre las medidas necesarias para combatir las mafias y fortalecer la seguridad en Ecuador.