La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional inició este 8 de junio de 2026 el trámite del proyecto de Ley Antimafias, una propuesta que busca fortalecer las capacidades del Estado ecuatoriano para combatir el crimen organizado mediante reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial.
El encargado de mocionar el inicio del tratamiento de la iniciativa fue el asambleísta Andrés Castillo, vicepresidente de la comisión y miembro de Acción Democrática Nacional (ADN). El proyecto fue presentado por la legisladora Mishel Mancheno Dávila y plantea nuevas herramientas legales para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en el país.
Uno de los cambios más importantes es la creación del delito autónomo de pertenencia a una organización de delincuencia organizada. La propuesta establece penas de entre 10 y 13 años de prisión para integrantes de nivel básico, de 13 a 16 años para quienes cumplan funciones operativas y de 16 a 22 años para quienes financien, dirijan o ejerzan control dentro de estas estructuras.
La iniciativa también incorpora como delitos el reclutamiento de personas para organizaciones criminales y la utilización de infraestructura destinada a actividades ilícitas. Con estas reformas se busca atacar no solo a los autores directos de los delitos, sino también a quienes facilitan recursos para el funcionamiento de las bandas.
Otro punto relevante es la modificación de los delitos relacionados con el almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de hidrocarburos. La propuesta incorpora sanciones proporcionales y agravantes cuando estas actividades estén vinculadas al crimen organizado.
Además, el proyecto establece nuevas reglas para la valoración del riesgo procesal en casos relacionados con delincuencia organizada. En estos procesos se exigirá una motivación reforzada para negar medidas como la prisión preventiva.
La propuesta también contempla protección procesal para miembros de las fuerzas del orden investigados por actos cometidos durante operaciones en el contexto del conflicto armado interno. Asimismo, se plantea la inhabilitación permanente para ejercer la abogacía de quienes hayan sido condenados por delitos de crimen organizado o lavado de activos.
Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Inés Alarcón, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para participar en el debate del proyecto, destacando que la seguridad ciudadana es una prioridad nacional y una responsabilidad compartida por todos los sectores políticos.
