Reformas clave para agilizar la construcción de vivienda social
La Asamblea Nacional conoció en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, una propuesta que busca transformar el acceso a vivienda mediante la declaratoria de proyectos estratégicos a nivel nacional. Sin embargo, tras el debate, el pleno resolvió que la iniciativa retorne a la Comisión de Gobiernos Autónomos para ajustar el texto y recoger observaciones en un plazo de ocho días.
El proyecto incluye más de 40 reformas estructurales que apuntan a modernizar la planificación urbana y eliminar trabas administrativas que frenan el desarrollo de proyectos habitacionales en el país.
Facultades del Ejecutivo y simplificación de procesos
Uno de los ejes principales es la facultad del presidente de la República para declarar como Proyectos Nacionales Estratégicos de Construcción de Vivienda a iniciativas que cumplan criterios técnicos definidos por el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Esta medida permitiría acelerar la ejecución de proyectos, reducir tiempos y dinamizar la inversión pública y privada.
Además, la propuesta establece plazos de hasta 30 días para la aprobación de licencias, lo que busca reducir la burocracia en municipios y facilitar la gestión del suelo. También se fortalece el rol de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que tendrá mayores competencias de control.
Impacto económico y debate político
El proyecto plantea beneficios como la generación de empleo, el impulso al sector de la construcción y la reducción del déficit habitacional. Sin embargo, ha generado debate en la Asamblea, especialmente por la preocupación de algunos sectores sobre una posible afectación a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados.
Mientras unos legisladores destacan la necesidad de agilizar procesos y evitar construcciones en zonas de riesgo, otros advierten que el Ejecutivo podría concentrar decisiones clave sobre el uso del suelo.
La iniciativa también se conecta con propuestas de incentivos al sector privado, lo que podría fortalecer la construcción de vivienda de interés social mediante alianzas estratégicas.
