El ministro del Interior, John Reimberg, informó que existen 21 denuncias formales contra jueces y fiscales que habrían favorecido la liberación de delincuentes en Ecuador. Esta declaración se da en medio de una estrategia más agresiva del Gobierno de Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado.
Reimberg señaló que el problema no solo radica en capturar a los delincuentes, sino en evitar que sean liberados rápidamente por decisiones judiciales. En ese contexto, aseguró que ya se logró la detención de un juez por presuntamente colaborar con estructuras criminales, y advirtió que continuarán las investigaciones junto a la Fiscalía.
Operativos y resultados en seguridad
El ministro destacó que las acciones del Bloque de Seguridad han permitido importantes resultados en lo que va del año. Entre ellos:
- Más de 4.300 detenidos
- 2.200 allanamientos ejecutados
- Captura de objetivos de alto valor
- Incautación de armas, droga y dinero ilícito
Además, indicó que la criminalidad ha mostrado una reducción progresiva: 8 % en enero, 10 % en febrero y 28 % en marzo, principalmente en delitos como robo a personas, vehículos y motocicletas.
Toque de queda como medida estratégica
El Gobierno implementó un toque de queda en cuatro provincias de la Costa, con el objetivo de facilitar operativos de alto riesgo. Según Reimberg, esta medida permitió intervenir zonas donde operan grupos criminales sin exponer a la población civil.
Explicó que el toque de queda no es permanente, sino que se aplicará nuevamente si es necesario realizar operaciones con uso de fuerza especializada o en escenarios con riesgo de explosivos.
Problemas en el sistema judicial
Uno de los principales desafíos señalados por el ministro es la liberación temprana de detenidos, lo que debilita el impacto de los operativos. Desde enero hasta marzo, se han registrado más de 17.000 personas detenidas, pero no todas permanecen en prisión.
Reimberg fue enfático al afirmar que los jueces y fiscales que actúen por corrupción deberán enfrentar la cárcel, reiterando que el Gobierno no permitirá que continúe este tipo de prácticas.
Nueva cárcel y control penitenciario
El Ejecutivo también avanza en la construcción de una nueva cárcel con capacidad para más de 15.000 reclusos, con altos estándares de seguridad y ubicada en una zona estratégica. Este proyecto busca evitar que los centros penitenciarios sigan siendo espacios dominados por el crimen organizado.
Paralelamente, se anunció que el centro penitenciario La Roca será destinado exclusivamente para mujeres, fortaleciendo el control y la seguridad en el sistema carcelario del país.
