El Gobierno de España anunció la puesta en marcha de una nueva normativa que prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, una medida que busca reforzar la protección de la salud infantil y adolescente frente al consumo de productos con altos niveles de cafeína y estimulantes. La iniciativa responde a una preocupación creciente por los efectos negativos que estas bebidas generan en edades tempranas.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, explicó que la prohibición será aún más estricta en determinados casos. Las bebidas energéticas que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros no podrán venderse tampoco a menores de 18 años, ampliando así el alcance de la regulación y estableciendo límites claros según el nivel de estimulación del producto.
Según el ministro, existe evidencia científica sólida que demuestra que el consumo habitual de bebidas energéticas supone una amenaza directa para la salud de los jóvenes, especialmente por su impacto en el sistema nervioso, el sueño y el ritmo cardíaco. Además, estas bebidas suelen contener grandes cantidades de azúcar, lo que incrementa el riesgo de problemas metabólicos y hábitos de consumo poco saludables.
La medida cuenta con un amplio respaldo social. Datos del último barómetro adelantado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) indican que nueve de cada diez personas en España están de acuerdo con prohibir la venta de bebidas energéticas a menores. El estudio también revela que el 25 % de los encuestados consume este tipo de bebidas, con una media de dos veces por semana.
Otro dato preocupante es que casi la mitad de los consumidores habituales ingiere al menos una bebida energética al día, y un 47 % las mezcla con alcohol, una práctica que incrementa significativamente los riesgos para la salud y favorece conductas de riesgo entre jóvenes.
Esta nueva regulación se suma a la prohibición vigente de venta de bebidas energéticas en centros educativos de todo el país y a las normas ya establecidas para limitar la publicidad agresiva de productos no saludables dirigidos a menores, reforzando así una estrategia integral de protección del consumidor joven.
