La Asamblea Nacional del Ecuador avanzará en el cumplimiento de una disposición de la Corte Constitucional al declarar el 8 de diciembre como día conmemorativo en memoria de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías, víctimas de desaparición forzada en el conocido caso Las Malvinas, ocurrido en el sur de Guayaquil.
La decisión será tratada durante una sesión ordinaria convocada para el viernes 13 de marzo de 2025, donde los legisladores deberán aprobar la resolución correspondiente para dar cumplimiento a la sentencia n.º 1732-25-EP/26, emitida por el máximo organismo de control constitucional del país.
La sentencia de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional notificó oficialmente a la Asamblea Nacional el 10 de marzo, estableciendo varias medidas de reparación integral dentro del proceso denominado “In memoriam: desaparición forzada de Josué, Ismael, Steven y Nehemías”.
En su resolución, la Corte aceptó la acción extraordinaria de protección presentada contra una sentencia de apelación que anteriormente había negado una acción de habeas corpus. Este recurso había sido interpuesto para impugnar la presunta desaparición forzada de los cuatro menores.
Tras revisar el caso, el organismo determinó que los niños fueron víctimas de desaparición forzada, reconociendo así una grave vulneración de derechos fundamentales. Como resultado, dispuso varias medidas de reparación integral, entre ellas acciones simbólicas destinadas a preservar la memoria de las víctimas.
Un día para la memoria y la verdad
Entre las disposiciones más relevantes se encuentra la orden dirigida a la Asamblea Nacional para que declare el 8 de diciembre como día conmemorativo en memoria de los cuatro niños de Las Malvinas.
Esta medida busca honrar la memoria de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, así como promover la realización de eventos públicos, actos conmemorativos y actividades pedagógicas que permitan fortalecer la memoria histórica y la conciencia social sobre este caso.
El objetivo es que cada año se desarrollen espacios de reflexión, educación y recordación, en los que instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía puedan participar activamente.
Supervisión y cumplimiento de las medidas
La sentencia también establece mecanismos de control para asegurar que la disposición se cumpla. La Asamblea Nacional deberá emitir la resolución correspondiente en un plazo máximo de tres meses desde la notificación de la decisión judicial.
Una vez aprobada la resolución, el Legislativo tendrá que informar a la Corte Constitucional dentro de un plazo de cinco días, adjuntando la documentación que respalde el cumplimiento de la medida, incluyendo el acta de la sesión y la resolución adoptada.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo será la institución encargada de verificar anualmente la realización de los actos conmemorativos, así como las actividades educativas o de capacitación relacionadas con la fecha. Posteriormente deberá informar a la Corte sobre el cumplimiento de estas acciones.
Reformas legales como garantía de no repetición
Además de las medidas simbólicas, la Corte Constitucional ordenó la implementación de reformas legales orientadas a prevenir casos similares en el futuro. En ese sentido, la Asamblea Nacional deberá realizar modificaciones a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
Estas reformas deberán incluir la obligación de presumir desaparición forzada cuando existan indicios de participación de agentes del Estado, así como mecanismos de investigación urgente y coordinación interinstitucional para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas.
